Más de 25 televisiones recurren la TDT en Andalucía
A pesar de ser una de las comunidades que más proteje los intereses de las televisiones locales, desde distintos sectores se critica la concesión de licencias
Desde distintos sectores se preguntan cómo la prolija regulación audiovisual de Andalucía, fundamentada en respetar la antigüedad y la localidad de las emisoras andaluzas existentes, no se ha visto del todo reflejada en los destinatarios del reparto final de las concesiones de TDT local.Tan sólo 20 televisiones locales de proximidad eminentemente andaluzas han obtenido un total de 36 licencias, recayendo el resto (90) en empresas situadas fuera de Andalucía y sin la antigüedad que sí han ido atesorando las emisoras históricas que han quedado excluidas del reparto.Numerosos críticos no entienden cómo una administración que siempre había apostado por las televisiones históricas dándoles autorizaciones transitorias, inscribiéndolas en el censo de televisiones locales, y contemplando la experiencia de televisión de proximidad como un criterio valorador en la puntuación de proyectos; pueda favorecer a los grandes grupos multimedia no andaluces, que además, están plagados de licencias en sus respectivas comunidades de origen.Es incontestable que las concesionarias foráneas tengan absoluto derecho para ello, porque lo natural es que se predominen los medios de proximidad andaluces, siempre que los proyectos presentados tengan el sustento técnico adecuado.
Por eso no se puede dejar de decir que, en muchos concursos públicos, se observan gran cantidad de proyectos deficitarios. Ofertas que difícilmente pueden ser beneficiadas por una concesión y que, a pesar de ser medios de proximidad y andaluces, adjudicarles una licencia supondría poner en apuros al órgano de contratación ante una eventual reclamación judicial. Ahora sí, lo que a priori parecía un escenario de legalidad presidido por la diversidad televisiva que caracteriza la existencia de una multiplicidad de televisiones locales de proximidad en Andalucía, se ha convertido, tras el otorgamiento de las concesiones, en un entorno representado por una concentración de medios televisivos a los que les será dificilísimo cumplir las obligaciones fijadas en las bases del concurso, sobre todo en materia de programación. No se debe olvidar que en cada demarcación donde se tenga una licencia se deberá construir un estudio de producción.En la actualidad hay más de 25 recursos judiciales contra el reparto de la TDT local en Andalucía. En la mayoría de ellos se cuestiona la valoración realizada exclusivamente en la demarcación donde el recurrente optó y no consiguió licencia. Tan sólo unos pocos consideran que todo el proceso concesional está viciado de origen y deben declararse nulas todas las actuaciones. El centro del debate judicial girará en si la atribución de puntos a los proyectos ganadores ha sido debidamente fundamentada en comparación con los proyectos que aspiran judicialmente a la concesión de TDT local. Se prevé una lucha judicial encarnizada que no pasará desapercibida.
Será difícil, cuasi imposible, obtener una sentencia que obligue a la Junta de Andalucía a repetir el proceso selectivo, pero no sería una sorpresa que en alguna demarcación cambiara las adjudicatarias por una valoración defectuosamente realizada. El ejemplo lo encontramos en la sentencia del TSJ de Canarias del pasado 11 de diciembre, en la que se anula el reparto de cinco licencias, dos correspondientes a la demarcación insular de Tenerife y tres a la demarcación local de Santa Cruz. Además, se obliga al Gobierno de Canarias a efectuar otra valoración debidamente motivada. Aunque esta sentencia se encuentra recurrida en el Tribunal Supremo, no deja de inquietar a las administraciones pendientes de resolver los concursos de TDT local.Otro mazazo judicial ha sido las cuatro sentencias hechas públicas el 28 de octubre de 2008 por el TSJ de Madrid, en la que se anulaba todo el reparto de plano, no el concurso, obligando igualmente al Gobierno de la Comunidad de Madrid a realizar una nueva adjudicación con la motivación legalmente exigida. En una de las sentencias se decía expresamente que todos los operadores de televisión se encontraban en la misma situación jurídica que antes de la adjudicación de las concesiones, declarando el derecho de uno de ellos a mantener las emisiones, lo cual es extensible, obviamente, al resto. Es decir, todos los que participaron en el concurso ostentan los mismos derechos que a los que les han declarado nula la licencia. Un auténtico caos.
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Claudio Hernández Diesl.com